Con la victoria del pasado miércoles en la junta del proyecto liderado por Ángel Haro y José Miguel López Catalán,
‘Ahora, Betis, ahora’, se abrió un tiempo nuevo en el club, aunque quizás ese cambio se lleva fraguando mucho tiempo antes del 23-S.
Como recordarán, el 15 de junio de 2009 tuvo lugar una de las manifestaciones sociales más importantes que ha vivido esta ciudad. 65.000 béticos se echaron a la calle para pedir la dimisión de Manuel Ruiz de
Lopera, una convocatoria popular que dio pie a que las plataformas opositoras presentasen ante la justicia una denuncia por presunto delito societario y otras tantas infracciones contra el máximo accionista de la entidad. Se inició entonces una carrera judicial que ha mantenido al club intervenido judicialmente hasta el pasado 15 de julio, cinco años en los que, además, los heliopolitanos han pasado por un concurso de acreedores al que se vieron abocados por la deuda que arrastraban.
Paralelamente, Lopera ha tenido que afrontar también otro procedimiento que pone en duda la compra del 31,38 por ciento de las acciones de
FARUSA, paquete que en estos momentos se encuentra suspendido a la espera de sentencia.
En todo este tiempo, el club ha estado sumido en una profunda crisis institucional, que ha tenido su reflejo a nivel deportivo y que ha alterado inevitablemente la paz social.
La dilación de todos estos procesos llevó hace unos cuatro meses al presidente Juan Carlos Ollero y el consejero Ernesto Sanguino, según desvela ‘ABC’, a proponer una solución tan compleja como complicada, pues en todos estos pleitos se encuentran implicadas muchas partes, por lo que ponerlas de acuerdo no sería nada fácil.
Asumiendo ese riesgo, por todas las implicaciones que podría tener, pero valorando la necesidad de hallar la estabilidad que necesita el club, Ollero y Sanguino propusieron un acercamiento con Manuel Ruiz de Lopera, con el fin de intentar negociar un acuerdo de mínimos sobre el que empezar a trabajar; para ello, designaron como intermediario a una persona neutral, el prestigioso abogado Francisco Baena Bocanegra, cuya misión ha sido en estos cuatro meses reunirse con todas las partes implicadas para trazar las líneas maestras de la negociación.
El
Betis puso como condición, a instancia de su presidente, que sólo se retiraría de la acusación contra Lopera si éste restauraba el daño ocasionado a la entidad. El empresario de El Fontanal accedió a sentarse a la mesa e incluso estaba dispuesto a firmar un acuerdo, habida cuenta de que su posición ante la Justicia es muy delicada.
La fórmula propuesta recogía que FARUSA entregaría el 19,75 por ciento de los títulos que obran en estos momentos en su poder al
Betis, quien se haría con él a cambio de su valor nominal (75 euros). Además, Lopera renunciaría al 31,38 intervenido si el club retiraba del pleito de nulidad, acciones con las que saldaría su responsabilidad pecuniaria y resarciría al club.
De esta forma, Lopera quedaría totalmente al margen del club y se alcanzaría la deseada paz social. Sin embargo, miembros de la plataforma Béticos por el Villamarín, que preside Hugo Galera, frenó un acuerdo que a punto estuvo de firmarse el pasado lunes, dos días antes de la celebración de la junta, en la que Ruiz de
Lopera mantuvo su apoyo a Manuel Castaño.
No obstante, las negociaciones no están rotas y, como desvela la publicación, podrían retomarse en cualquier momento.