La abogada del expresidente del Real Betis
Manuel Ruiz de Lopera, para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida en su gestión del club, ha solicitado este martes a la
Audiencia Provincial de Sevilla que "expulse" del procedimiento a las asociaciones
'Béticos por el Villamarín', 'Por Nuestro Betis' y 'Liga de Juristas Béticos'.Entiende así que no están legitimadas para ejercer la acusación particular, al mismo tiempo que ha solicitado la "nulidad" del
informe pericial que cuantificó en 29,5 millones el supuesto perjuicio económico causado al Betis.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acogido en la mañana de este martes la primera jornada del juicio contra
Lopera y otros siete acusados, que se ha centrado en la presentación de las cuestiones previas por parte de las defensas, que serán contestadas el día 25, a partir de las 9:30 horas, por la
Fiscalía de Sevilla y las acusaciones particulares que ejercen el
Real Betis y las tres asociaciones citadas.
De este modo, la abogada de
Lopera ha planteado cuatro cuestiones previas, la primera de ellas relacionada con la admisión de estas tres asociaciones como acusaciones particulares, señalando que, durante la fase de instrucción, "sólo se realizó el ofrecimiento de acciones al
Real Betis" y no a las asociaciones, que "no han sufrido ningún perjuicio directo, no son víctimas". "Sus asociados tampoco son víctimas ni perjudicados, son meros aficionados, simpatizantes y béticos en general", ha apostillado.
"Es el
Real Betis quien puede ejercer la acusación particular, pero de ningún modo las asociaciones, porque sólo el Betis es el perjudicado directo", ha argumentado la letrada, quien ha añadido que las asociaciones "no reclaman nada para ellas porque no son perjudicadas por el delito, sino para un tercero, el Real Betis, al que no representan y que está personado" en las actuaciones, lo que ha calificado de "insólito, absurdo y jurídicamente insostenible".
Al hilo de ello,
Encarnación Molino ha resaltado que las asociaciones, en concepto de responsabilidad civil, reclaman más dinero que el
Betis, que solicita 15 millones de euros frente a los 25,6 millones que reclama alguna de las asociaciones.
Por ello, considera que "deben ser expulsadas del procedimiento al no poder ejerce la acusación particular que están ejerciendo", al mismo tiempo que ha pedido que se les condene al pago de las costas por haber ejercido "indebidamente" dicha acusación.
Como segunda cuestión previa, la abogada se ha referido al nombramiento de los peritos de la
Agencia Tributaria que cuantificaron en 29,5 millones de euros el supuesto perjuicio causado al club y al desarrollo de la prueba pericial, que a su juicio "es nula" y ha supuesto la "vulneración" de las garantías esenciales del "juicio justo", recordando que las periciales "han sido impugnadas por su contenido y por la forma en que se han llevado a cabo".
En esta línea, ha denunciado las "gravísimas irregularidades" en que ha incurrido el informe pericial, con una vulneración "masiva" de derechos fundamentales, ya que los peritos designados por la juez
Mercedes Alaya para realizar el trabajo "no tenían la cualificación profesional necesaria", lo que fue reconocido por la propia Agencia Tributaria "porque no eran auditores" y, además, la selección de dichos peritos "no se realizó a través de un procedimiento que garantizara la imparcialidad y objetividad de los mismos", sino que fueron designados "nominalmente, con nombres y apellidos", por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
"Se debería haber solicitado un listado de profesionales y no se hizo, no se siguió el procedimiento de designación legalmente previsto", ha denunciado la abogada de
Lopera, quien, asimismo, ha aseverado que uno de los peritos "no debería haber estado en las listas de posibles peritos porque reúne circunstancias que afectan a su objetividad e imparcialidad", y de hecho, en su día, la defensa de Lopera lo recusó dada "su relación directa o indirecta con el objeto de la pericia antes de su nombramiento".
Dicha recusación fue inadmitida a trámite, ha recordado la abogada, quien ha señalado que existe "prueba contundente" de que, con anterioridad a su nombramiento, este perito participó en las actividades inspectoras del
Real Betis y de
Tegasa, algo que negó la propia
Agencia Tributaria. "Se oculta la verdad o se dicen medias verdades al decir que no han intervenido", ha afirmado la abogada, agregando que "el objeto de la inspección y de la pericia es el mismo".
En relación a esta cuestión previa, la letrada de
Lopera ha planteado igualmente la vulneración del derecho al nombramiento de un perito de parte, señalando que, durante la instrucción, "se obstaculizó y se limitó el ejercicio de este derecho" bajo el argumento de que, cuando se planteó el nombramiento de un perito de parte, ya habían comenzado su actividad los peritos designados por el
Juzgado. "Me pregunto si se garantiza el derecho de defensa o se están poniendo zancadillas a la defensa. Era una diligencia de gran trascendencia", ha subrayado.
Para finalizar, la abogada ha denunciado la vulneración del derecho a un
juez imparcial, ya que los recursos de apelación presentados contra las decisiones adoptadas en fase de instrucción "fueron resueltos bajo la ponencia" del magistrado de la Sección Primera de la Audiencia
Juan Antonio Calle, quien "confirmó la inmensa mayoría de actuaciones del Juzgado" y que posteriormente fue recusado y apartado del conocimiento de los recursos, aunque "ya era tarde".
Y es que, según ha explicado la letrada, este magistrado había sido ponente de 48 resoluciones resolviendo recursos de apelación en relación con asuntos "decisivos" como la personación como acusaciones particulares de las asociaciones, el informe pericial o las medidas cautelares. "Sin juez imparcial, no hay juicio justo", ha finalizado
Encarnación Molino.
En la primera jornada del juicio, también han presentado sus cuestiones previas los abogados de los otros siete acusados, como son el exconsejero delegado del Betis
Luis Oliver; el exvicepresidente del club Ángel Martín;
Javier Páez, sobrino de Lopera y exconsejero verdiblanco;
Ana María Ruiz,
Guillermo Molina,
Mercedes Ferraro y
Teresa González.
Cabe recordar que la abogada de
Lopera ha solicitado la libre absolución de su patrocinado porque "no ha existido disposición, apropiación ni apoderamiento de fondos" de la entidad "ni se ha producido enriquecimiento o beneficio alguno" para él y su entorno familiar.
Frente a ello, la
Fiscalía solicita para el expresidente del
Betis tres años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, mientras que también le pide pagar una multa de 2.700 euros y abonar una indemnización de 3,6 millones de euros. De forma alternativa, interesa condenarlo a dos años de prisión por un delito también continuado de administración desleal.
En su escrito de acusación, la fiscal, que solo acusa a cuatro de los ocho procesados, solicita que Lopera abone al Betis de forma conjunta y solidaria junto al también acusado
Guillermo Molina Pérez 591.017,41 euros en concepto de indemnización, y subsidiariamente que se condene al pago de dicha cantidad a Tegasa.
Reclama que paguen 3.078.742,84 euros al Betis, cantidad de la que deben responder solidariamente como "cómplices" María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro. La
Fiscalía pide también que se condene a Encadesa al pago de esta segunda cantidad de manera solidaria con los dos primeros acusados, y a Farusa solidariamente por 450.759,08 y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente en 90.151,82 euros.
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