El expresidente de la
Generalitat y de
Bancaja,
José Luis Olivas, iniciará el próximo lunes las comparecencias de testigos ante el
Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que investiga posibles irregularidades en la organización del
Gran Premio de Fórmula Uno en Valencia. Según el calendario fijado, está previsto que entre el
11 de enero y el 22 de febrero declaren en calidad de testigos trece personas, entre ellas exaltos cargos de la Generalitat, asesores y empresarios.
Estas citaciones se enmarcan en la investigación abierta al
expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exconsejera de Cultura Dolores Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Los primeros testigos en declarar serán, el
11 de enero, el expresidente de la
Generalitat y de
Bancaja,
José Luis Olivas, y el empresario
Fernando Roig, socio de
Valmor, la empresa privada constituida por él, Aspar y Bancaja, encargada de gestionar la
Fórmula Uno en
Valencia. El
28 de enero ha sido citado el expiloto
Adrián Campos y la jefa de Relaciones Institucionales y Protocolo del Circuito,
Natalia Meneu. El
1 de febrero deberá comparecer el ex secretario autonómico de Hacienda, exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y actual concejal del PP en Valencia,
Eusebio Monzó. El
8 de febrero han sido citados el exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos
Nicolás Figueras y el exjefe de gabinete de Camps,
Pablo Landecho; el día
15 la exdirectora general de Organización en Presidencia
Henar Molinero y el exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Temáticos
Luis Lobón; y el día 22 la exdirectiva de Proyectos Temáticos
Belén Reyero.
El origen de esta causa es una querella presentada en
diciembre de 2014 por la
Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra
Camps, Johnson y Aspar, meses después de que
Esquerra Unida y el PSPV-PSOE registraran una denuncia por la compra de
Valmor ante la Fiscalía. La querella apuntaba posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde
abril de 2006 (las negociaciones previas para que
Valencia acogiera un
Gran Premio) hasta el
19 de julio de 2011, cuando la
Generalitat se convirtió en avalista de Valmor.
El pasado junio, el
Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia asumió esta investigación tras la pérdida de aforamiento de
Camps una vez disuelto el
Parlamento valenciano, del que hasta entonces formaba parte como diputado autonómico. El juzgado admitió los hechos a investigar que figuraban en la querella del Ministerio Público y los relativos a hechos posteriores al 19 de julio de 2011, es decir, a la absorción y compra por parte de la
Sociedad Circuito del Motor de la mercantil
Valmor Sports SL y contrataciones anejas.
El
Gobierno valenciano ha acordado personarse como
acusación particular en esta causa, al entender que ha podido haber "un detrimento injustificado a los derechos económicos" de la hacienda pública valenciana, y se puede desprender que "se han producido perjuicios económicos" para la
Generalitat.
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