El expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera comienza hoy su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla y en el que se le acusa de un presunto delito de apropiación indebida durante su gestión del club, por lo que le piden tres años de cárcel.
El empresario ha llegado a las 9:00 horas al juzgado, donde ha declarado que se encuentra "tranquilo" y que espera que en el juicio se sepa "la verdad".
Las previsiones de la Audiencia de Sevilla son que Lopera declare durante varias sesiones del juicio, que comenzó el pasado 18 de abril y se desarrollará en 24 días repartidos entre los meses de junio, julio, septiembre y octubre.
El testimonio de Lopera se producirá una vez que la Audiencia rechazó esta semana todas las cuestiones previas que planteó el expresidente bético.
Una de las cuestiones se refería a la petición de Lopera de expulsar del procedimiento a las plataformas "Béticos por el Villamarín", "Por Nuestro Betis" y "Liga de Juristas Béticos", que podrán seguir con su actividad en el juicio.
Los magistrados tampoco admiten la nulidad solicitada por la defensa de Lopera respecto al nombramiento de los peritos judiciales y las pruebas encontradas, al ser extemporáneas.
El Ministerio Fiscal reclama a Lopera, en concepto de indemnización para el Real Betis Balompié, una cantidad de 591.017,41 euros además de otra de 3.078.000 euros, cantidades de las que deben responder solidariamente María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro, también encausadas.
El Fiscal plantea una pena de dos años de prisión para el exmandatario por un presunto delito de administración desleal, además de inhabilitación tanto para el desempeño de cargo público como para el derecho de sufragio pasivo si el juez determina que debe ser dicho delito y no el de apropiación indebida.
La defensa del expresidente, que ejerce Encarnación Molino, por su parte, asegura que Lopera presentó garantías por más de 200 millones de euros entre 1993 y 2008 en forma de un "auténtico mecenazgo gratis y desinteresado", y añade que no cometió la apropiación de la que se le acusa y tampoco perjudicó a la entidad ni obtuvo beneficios para él y su entorno familiar.
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