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Sociedad / Sevilla 

Desalojada una familia de Torreblanca que ocupaba ilegalmente una vivienda

 19-07-2017 17:40

Un dispositivo de la Policía Nacional ha consumado este miércoles el desalojo de una familia que desde febrero de 2016, habitaba sin título alguno un piso de la Empresa Municipal de Vivienda, Equipamiento y Suelo de Sevilla (Emvisesa). El desalojo, avalado por una orden judicial según esgrime el Consistorio, ha sido consumado tras constatar que la familia "no reúne los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad" y de que estas personas rechazasen las alternativas ofrecidas.

La vivienda desalojada está ubicada en el edificio correspondiente al número cuatro de la plaza Salvador Valverde, en el barrio de Torreblanca. La vivienda, según el Ayuntamiento, está encuadrada en una promoción de viviendas protegidas que concentra casi el 70 por ciento de las ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas de la ciudad, "producto de una expulsión paulatina de sus legítimos adjudicatarios".

En el caso de la vivienda desalojada este miércoles por orden judicial, desde febrero de 2016 estaba habitada por una mujer, su pareja y tres hijos, sin que contasen con título alguno sobre el inmueble. El desalojo, según defiende el Consistorio, ha sido consumado gracias a una orden judicial y después de que los servicios sociales constatasen que estas personas "no reúnen los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad".

Y es que en estos momentos, la mujer desalojada tiene en vigor un contrato de seis meses en el Ayuntamiento de Sevilla a través de uno de los programas de contratación extraordinaria, por lo que cuenta con ingresos. Asimismo, según consta en los informes tiene todos los suministros enganchados de forma ilegal.

La familia, según el Ayuntamiento, ha contado con propuestas para "una alternativa habitacional de transición, así como un año de ayudas al alquiler", si bien habría declinado tales opciones. "Dado su rechazo a cualquier medida, se ha articulado un procedimiento de urgencia para garantizar que en caso de que así lo quiera", la familia afectada cuente con un realojo transitorio, defiende el Consistorio.

Se da la circunstancia, según el Ayuntamiento de Sevilla, de que el entorno de la mujer desalojada por orden judicial ha ocupado de forma ilegal en repetidas ocasiones viviendas en esa misma zona. Así, según consta en los informes, su madre y su tía son adjudicatarias legales de dos viviendas en ese bloque. Su hermana ocupó una vivienda en ese mismo edificio que abandonó al obtener un informe de excepcionalidad para realojarse en un piso de titularidad autonómica y su hermano y su pareja ocuparon otra vivienda en el mismo portal y entregaron las llaves a Emvisesa el día del juicio.

En la promoción de VPO a la que pertenece la vivienda en cuestión, según el Ayuntamiento, "se investiga además si se están produciendo por parte de algunos de los ocupantes ilegales, llamamientos e incitaciones a la ocupación ilegal de pisos de Emvisesa", toda vez que la Policía Nacional ha intervenido por usos irregulares de sótanos de esta conjunto, por la celebración en los mismo de "peleas de gallos y perros de presa".

La vivienda desalojada, según el Ayuntamiento, ha sido objeto de un contrato con una familia que ha obtenido el informe de excepcionalidad por parte de la unidad de Torreblanca Servicios Sociales.

Participa Sevilla, de su lado, ha criticado que el Ayuntamiento, desde Emvisesa, "recurra a la vía de la criminalización y judicial" para solucionar este tipo de situaciones. "Es inaudito que un Gobierno socialista apueste por la vía de la criminalización en vez de por el diálogo", ha apostillado la concejal de Participa Cristina Honorato.

Participa expone que desde hace tres semanas viene pidiendo el aplazamiento del desalojo, "para evitar sufrir a esta familia el atropello que ha vivido".

"En ningún momento apostamos por que esta familia deba seguir en este piso. Lo que pedimos es que ante este problema, la actuación que se realice no sea la vía del miedo y de la represión", ha manifestado la edil de Participa Sevilla, que ha alertado que la formación verde morada no va a "permitir que se eche a pelear a pobres contra pobres".

Además, Honorato ha reconocido que existen otras familias en una situación similar y se teme que la opción del Gobierno del PSOE sea la misma, "echarles de su casa y apostar por la vía del miedo". "Es el gobierno quien debe garantizar el derecho a la vivienda y si no son capaces de cumplirlo, al menos que se sienten a dialogar", ha exigido la edil.


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