La barriada malagueña de
El Palo, seguramente, no es el lugar más agradable. Sin embargo, ha dado jugadores de Primera a puñados, y conocido es el carácter alegre de su gente. No le queda otra. Están en uno de los agujeros que encierra esta tierra, adjetivados eufemísticamente como humildes. Desde el domingo, el nuevo campo de San Ignacio está cerrado, tras un episodio de violencia en carne viva. Un partido de
Tercera Andaluza entre dos equipos menores en estrecha rivalidad que acaba con un par de puñaladas a un joven futbolista, Samuel Galán. El presidente del
Alhaurín de la Torre, Paco Flores, se desahogaba tras comprobar en la UCI que su jugador está fuera de peligro vital: "Han ido a matarlo; una de las cuchilladas ha estado muy cerca del corazón". ¿Qué hace el fútbol entretanto?
Recientemente, se ha revelado otra atrocidad cometida por el
Comité de Competición de la Andaluza. El 28 de febrero, en el partido de
Segunda Sénior que enfrentó a la Florida y al Guadiaro en Cádiz, un colegiado fue amenazado con insultos racistas al descanso. Lo de "moro de mierda" se lo repiten a un auxiliar hasta que, en la segunda parte, una invasión de campo se convierte en trifulca abierta con jugadores visitantes. Como nadie atiende a su petición de llamar a la Policía, es el propio árbitro el que la reclama. Las fuerzas del orden aparecen, pero se vuelven a ir. Ante la imposibilidad de garantizar la integridad de los asistentes -racismo, que ya es un motivo suficiente- ,decide suspender.
Pues bien, asómbrense: el
Comité de Competición decidió sancionar al árbitro con una multa económica y un mes de inhabilitación; además, determinó reanudar el partido, cargando los costes al
Comité de Árbitros. Resulta que "no tenía motivos para suspender y no agotó todas las opciones", refleja la resolución. Por lo visto, debía haberse dejado apuñalar...