Argumenta que habría un serio riesgo de "gestión desleal" si las suspendiera

Las medidas cautelares no son negociables para Alaya

Las medidas cautelares no son negociables para Alaya
La juez Mercedes Alaya ha vuelto a oponerse al levantamiento de las medidas cautelares, tal y como solicitaba la defensa de Manuel Ruiz de Lopera. - R. S.
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El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha emitido un auto en el que rechaza el recurso de reforma presentado por la defensa de Manuel Ruiz de Lopera contra la resolución de la jueza Mercedes Alaya del pasado 1 de marzo, en la que denegaba el levantamiento de las medidas cautelares sobre el paquete accionarial de Farusa. En el auto, Alaya vuelve a pronunciarse en los mismos términos, pues considera que el riesgo de “gestión desleal” estaría igual de presente que cuando Lopera gobernaba el club si dichas medidas cesan. Por tanto, una vez más deniega el levantamiento de las mismas.
Pero además, Mercedes Alaya ha cargado contra la defensa de Lopera por entender que en sus recursos pueden estar atentando gravemente contra los peritos de Hacienda. Según los abogados de Lopera, los peritos “han omitido datos o los han torturado al extremo de presentar un falaz escrito acusatorio en lugar de un informe pericial y que los mismos de manera deliberada han falseado y ocultado todo aquello que pudiera resultar favorable al Sr. Ruiz de Lopera”.
Alaya, en el auto, responde lo siguiente: “El ejercicio del derecho de defensa que debe tener por objeto rebatir las conclusiones y operativas descritas en el mismo no es ilimitado; no puede descender al ataque personal a los peritos no ya con meras faltas de respeto que podrían ser corregidos disciplinariamente sino imputándoles la comisión de delitos graves en el desarrollo de su labor pericial con la decidida finalidad indiciaria de perturbarlos e inquietarlos en su independencia y en definitiva de intimidarlos para influir en su actuación procesal, amén de desacreditarlos personal y profesionalmente”.
Por todo ello, la juez Mercedes Alaya ha decidido incoar diligencias previas por considerar que podrían haber incurrido en el delito de “calumnias” contra funcionarios públicos.
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