El exmáximo accionista del Betis
Manuel Ruiz de Lopera ha pedido de nuevo a la juez que investiga su gestión en el club que le devuelva sus acciones y ponga fin a un "
sinsentido jurídico" y a las "graves anomalías procesales" que lo acompañan.
Ruiz de Lopera, en un recurso dirigido a la juez
Mercedes Alaya, dice que, finalizada la instrucción de una causa que ha investigado "el inaudito periodo de tiempo de 19 años, entre 1991 y 2010", las diligencias "están abocadas al archivo" y ahora "se ha desvanecido, si alguna vez pudo existir", el motivo que justificó la adopción de medidas cautelares.
El escrito rechaza la acusación de la juez de que Lopera se haya apoderado de 25 millones de euros del
Betis pues "está pendiente de acreditar por ese juzgado la realidad, siquiera indiciaria, de tales apoderamientos".
Añade que desde el primer "gasto innecesario" que le imputa, el pago a un empleado por ejercer como Jefe de Zona de Preferencia en el estadio del Betis el 6 de septiembre de 1993, en un partido contra el Mérida, la juez
Alaya ha acusado a Lopera de otras 40.000 retribuciones individuales "innecesarias" satisfechas durante los 15 ejercicios posteriores.
A juicio de
Lopera, en estos seis años de investigación contra él no se ha demostrado que estos gastos de funcionamiento fuesen un "apoderamiento" de dinero propiedad del
Betis, "por muy amplio, extenso o analógico que sea el sentido que demos al término".
Lopera ha pedido que le devuelvan las acciones retenidas desde 2010 dentro de la causa por presunto delito societario, dentro de la cual mañana está citado ante la
juez para la llamada declaración indagatoria prevista por la ley tras su procesamiento.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe,
Lopera califica de "anómalo y estrafalario" que el Betis esté gobernado por un juzgado de instrucción, con sus "nefastas consecuencias, conocidas públicamente y perfectamente previsibles" por la falta de "pericia, experiencia e idoneidad" de los sucesivos administradores judiciales.
La defensa argumenta que las
medidas cautelares "son por naturaleza provisionales y esencialmente modificables" y lamenta que en estos años la juez no haya encontrado ningún hecho relevante que pueda tener en cuenta a la hora de valorar su levantamiento.
La defensa de
Lopera reitera lo que considera
"graves anomalías procesales" que han rodeado estas medidas cautelares", así como la "falta de cobertura legal del modo de designación y seguimiento de la administración judicial".
Además, denuncia que "cada día queda más claro" que la intervención de los derechos políticos sobre las acciones "no era necesaria para evitar que el administrador del
Betis designado por el juego de las mayorías en aplicación de la legislación mercantil pudiera cometer fechorías en ejercicio de sus funciones, sino para sustituirle en el mando y en el palco, lo que es bien distinto".
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