El juzgado tramita el embargo a Tucker por el millón que debe al Valencia

El Juzgado de lo Social 3 de Valencia ha iniciado los trámites para averiguar los bienes del escolta Clay Tucker y embargarlos con el fin de que el Valencia Basket cobre el millón de euros que el jugador estadounidense le debe tras haber roto unilateralmente el contrato que tenían para la campaña 2012-13.

Fuentes judiciales confirmaron que, tras no pagar el jugador la cantidad a la que fue condenado en abril por el juzgado de lo social número 2 de Valencia, se ha puesto en marcha este procedimiento para proceder al embargo de bienes por ese valor.

En su momento, Tucker, que tiene ahora 35 años y juega en el Torku Konyasport turco, tuvo la oportunidad de recurrir la sentencia pero no lo hizo, por lo que ésta ya es firme, y se trasladó al juzgado de lo social 3, encargado de ejecutarla.

Tras conocer la sentencia hace unos meses, en el club valenciano estaban convencidos de que Tucker trataría de entablar una negociación pero hasta ahora no se ha comunicado al juzgado ningún tipo de acuerdo.

Tucker fichó por el Valencia en julio de 2012 con un contrato que incluía una cláusula de rescisión de un millón de euros si alguna de las dos partes decidía romper unilateralmente el acuerdo.

El jugador se incorporó a la disciplina del equipo valenciano el 23 de agosto y, según la sentencia, tres días después pidió al club permiso viajar a Estados Unidos, pero el Valencia no se lo concedió, lo que no evitó que viajara el día 30 para no regresar.

Meses después de dejar el club, el jugador solicitó en varias ocasiones su 'transfer' y el Valencia se lo denegó, así que finalmente envió una carta en la que confirmaba que había "rescindido unilateralmente" su contrato.

En ese momento, el club le concedió el 'transfer' y Tucker fichó por el Hacettepe Universitesi BK, que fue condenado como responsable civil subsidiario.

La sentencia señaló que tanto el viaje sin permiso del club como no haber regresado para reintegrase en su disciplina y las distintas solicitudes del 'transfer' probaban que no hubo "buena fe" y que la carta en la que asumía la rescisión unilateral activó la cláusula de un millón de euros que debe pagar.