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En esta operativa estaría presuntamente implicada la agencia Primus Consultance -anteriormente Lian Sports-, en la que son socios el albanés Ramadani y el exportero serbio Damjanac, los cuales son los dos principales investigados en la trama y que habrían introducido en España más de diez millones de euros para adquirir viviendas, yates y mantener un elevado nivel de vida.
Por ese motivo, la magistrada de la Audiencia Nacional ha decidido llamarles a declarar este jueves junto a sus mujeres (también como investigadas) y les ha citado a partir de las diez de la mañana, tras lo cual comparecerán varios testigos, han informado fuentes jurídicas.
Según la investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, este entramado funcionaría desde al menos 2015 y fue en 2017 cuando comenzaron las pesquisas después de que la Guardia Civil detectara que Ramadani y Damjanac había adquirido lujosas viviendas en la localidad mallorquina de Calviá.
Fali Ramadani representa a jugadores como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly. Jovic, del Real Madrid, o Stefan Savic y Nicola Kalinic, del Atlético, son algunos de los jugadores con los que se habrían hecho fichajes falsos, sin que los futbolistas lo supiesen.
Los investigadores han constatado que los dos agentes presuntamente captaban a jugadores que despuntaban en equipos de países del Este como Serbia o Rumanía y cuando veían que un club europeo de primera se fijaba en ellos simulaban que era fichado por uno de los clubes que controlaban, como el Apollon Limasol de Chipre.
Así lo vendían más caro al club de primera y además conseguían beneficios fiscales ya que en Chipre la tributación por este tipo de operaciones es mínima.
Los jugadores no llegaban a vestir la camiseta del club chipriota y solo figuraban en él el tiempo mínimo para asegurar la venta al equipo grande, han precisado las fuentes.
La denominada Operación Lanigan con la que se ha desarticulado este entramado se ha desplegado en Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra, donde fueron registrados domicilios y sedes de empresas.
También se han practicado medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de fútbol y bufetes de abogados.
Los dos principales investigados habrían introducido en España más de 10 millones de euros para mantener un elevado nivel de vida, y en esa operativa para introducir el dinero jugaba un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países.
Los trabajadores de este despacho habrían participado en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero, así como en la estrategia de deslocalización fiscal para evitar el pago de impuestos en España.
Para la Agencia Tributaria es una parte fundamental de la investigación determinar la residencia fiscal de los investigados en España, para así poder imputarles los delitos, han precisado fuentes de la investigación.