La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha enviado
un escrito a Hacienda en el que sugiere que alcance un acuerdo con el Recreativo de Huelva para el pago fraccionado de la deuda, "con el fin de garantizar el abono de la misma y la continuidad de la entidad".
El documento, fechado el pasado día 14, indica que no permitir esta forma de pagar la deuda va a provocar el impago de la misma, "puesto que si se pone en peligro la viabilidad del Recreativo la entidad dejará de percibir ingresos perjudicando a los derechos que la Hacienda Publica tiene que proteger".
"Carece de lógica que
el Recreativo quiera pagar de una manera ordenada que le garantice su viabilidad y no se le permita, teniendo en cuenta que la única salida será entonces la liquidación y desaparición del club lo que supondrá que no se cobre la deuda, además de las consecuencias negativas para los trabajadores y la zona en su conjunto", añade.
El escrito al que tuvo acceso EFE agrega que "llegar a un acuerdo sobre el pago fraccionado de la misma probablemente sea la única vía para lograr su cobro y no se alcanza a comprender en qué perjudicará al interés general permitir el pago fraccionado de la deuda, que conlleva intereses y gastos".
También señala que "la finalidad del aplazamiento y fraccionamiento de pago es facilitar el mismo en aquellos casos en que, por razones económicas que afectan al obligado, éste no puede hacer frente a la deuda" y recuerda que el Recreativo alegó que "todos sus bienes y retribuciones han sido embargados lo que imposibilita de forma absoluta realizar pago alguno".
"Otros clubes de fútbol, que se encontraban en la misma situación administrativa que el Recreativo han logrado acuerdos de naturaleza similar a la pretendida, por lo que el club considera que sufre un agravio comparativo y pide el mismo trato que han recibido otras sociedades", añade antes de citar al Real Zaragoza.
El Recreativo ha reiterado en un comunicado que "la delicadísima situación" por la que atraviesa el club más antiguo de España tiene su origen en
"una actuación injusta de la AEAT, es decir contraria a la letra y al espíritu de la Ley".
En el mismo recuerda que Hacienda instó hace "más de 20 meses sin comunicación y de forma irregular un procedimiento de ejecución y apremio indiscriminado contrario al acuerdo de aplazamiento alcanzado en su día (...) en términos tan sorprendentes como se hace ver en los informes emitidos por el Defensor del Pueblo que ponen de manifiesto que no estamos ante una cuestión de credibilidad sino ante una realidad injusta para todos".
"Es aquí donde radica el verdadero origen de los graves problemas que los accionistas y distintos consejos de administración han puesto de manifiesto no solo ante la sociedad onubense sino ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional", agrega.
El club, que se refiere a su declaración como Bien de Interés Cultural", confía en que se haga justicia y añade que "el problema será que esa justicia llegue demasiado tarde".
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