El 8M vuelve al centro del debate político al autorizarse manifestaciones

A menos de dos semanas de su celebración, el Día Internacional de la Mujer (8M) ha vuelto a convertirse este miércoles en motivo de polémica en la política madrileña, después de que la Delegación del Gobierno haya autorizado "algunas" peticiones de organizaciones feministas para manifestarse con menos de 500 personas.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha apresurado a pedir que no haya manifestaciones el 8M, mientras que Ciudadanos ha lanzado mensajes contradictorios: el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha dicho que es "legítimo" manifestarse y que irá a la marcha si la hay, pero la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no acudirá porque es una "grandísima irresponsabilidad".

En una entrevista en Onda Madrid, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha señalado que han recibido ya "alguna" petición de manifestación para el 8 de marzo, todas ellas de organizaciones feministas, y que "de momento" no ha llegado ninguna solicitud de partidos políticos ni de "personas relevantes concretas".

"Las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia" respecto a las medidas "que se comprometen a adoptar", como la distancia social, "y también, lo más importante, son manifestaciones de menos de 500 personas", ha explicado.

La Consejería de Sanidad, según ha recordado el delegado, desaconseja concentraciones de más de 500 personas. "Nosotros estamos siguiendo a rajatabla esa recomendación" porque "tenemos que cumplir las normas" y porque "tenemos que ayudar a preservar la salud de los madrileños", ha añadido.

Y ha asegurado que no habrá una concentración multitudinaria como la del 8M de 2020, que "no se arrepiente" de haber autorizado porque "no había ningún motivo objetivo" para prohibirla y haberlo hecho hubiera sido "prevaricar".

Por su parte, Almeida ha rechazado las manifestaciones porque "todos sabemos" lo "difícil" que es controlar a 500 personas y porque desde las instituciones no se pueden transmitir "mensajes equívocos" en la situación actual.