La juez de instrucción 6 de Sevilla,
Mercedes Alaya, toma declaración el miércoles al ex máximo accionista del Betis
Manuel Ruiz de Lopera, al empresario
Luis Oliver y a las otras seis personas procesadas por su gestión del club.
El
auto de procesamiento dictado el pasado 8 de mayo acordó citar a los imputados para la llamada declaración indagatoria el 28 de mayo y elevar la fianza a
Ruiz de Lopera desde los 25 millones de euros vigentes a 33 millones.
Junto a Lopera han sido citados el exconsejero delegado
Luis Oliver, que compró las acciones a Lopera; el exvicepresidente
Ángel Martín; el sobrino de Lopera
Francisco Javier Paez y otras personas que figuraban como titulares de sus empresas.
Alaya acusa a
Lopera de haber llevado a cabo un "
plan preconcebido" para descapitalizar el club desde que fue vicepresidente económico, proyecto que diseñó "en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio". La juez ha cuantificado el "
beneficio final y el correlativo
perjuicio para el Real Betis" en las catorce temporadas bajo Lopera en "la imponente suma" de 24,9 millones de euros.
En su auto, afirmó que el
Betis cedió a
Tegasa, la empresa de Lopera, la totalidad de sus ingresos a cambio de un canon fijo o variable, según las temporadas, con la finalidad de que el club "pudiese tener unos ingresos mínimos que asegurasen su subsistencia en la élite del fútbol".
La realidad "es que el Real Betis era quien garantizaría la supervivencia de Tegasa, el que garantizaría el cumplimiento de los contratos de arrendamiento y el que, en definitiva, financiaría a la misma", según Alaya.
Además, al ceder derechos económicos derivados de la actividad deportiva como los de publicidad, patrocinio, imagen, radio y televisión que "constituyen una fuente económica esencial en el mundo del fútbol profesional", el
Betis sufrió una "clara disminución" de su patrimonio.
Tegasa se vio beneficiada de otras medidas "sin justificación lógico-económica" como participar gratuitamente en el 10 por ciento de la indemnización que correspondieran por cláusula de rescisión de los futbolistas.
Sobre
Oliver, la juez indica que se habría incorporado al "proyecto criminal" iniciado por Lopera como "
cooperador necesario" al comprar las acciones "a sabiendas del carácter litigioso de las mismas" para intentar "hacer ineficaz cualquier pronunciamiento judicial sobre ellas".
Ruiz de Lopera ha recurrido este procesamiento ante la
Audiencia de Sevilla porque, a su juicio, no se ha demostrado el perjuicio causado ni sus "gastos innecesarios" y la juez ha hecho un "relato fabulado e inverosímil" sobre su supuesto "plan preconcebido" para hacerse con el club.
Según el abogado de
Lopera, el supuesto perjuicio de 24,9 millones de euros es "básicamente el resultado de computar la totalidad de los ingresos canalizados a través de las sociedades auxiliares y sólo una fracción de los gastos".