El expresidente del
Real Betis,
Manuel Ruiz de Lopera, procesado por un presunto delito societario por la juez de instrucción de
Sevilla Mercedes Alaya declarará el 12 de junio en lugar del 28 de mayo, como estaba previsto, debido a un compromiso previo de su letrado en el
Tribunal Supremo.
El aplazamiento solicitado por
Ruiz de Lopera también atañe a las otras seis personas procesadas: el empresario
Luis Oliver, a quien presumiblemente vendió sus acciones del
Betis; el exvicepresidente bético
Ángel Martín; el sobrino de
Lopera y exdirectivo del club
Francisco Javier Paez; y los titulares de las compañías que conformaban su entramado empresarial.
Mercedes Alaya ha cuantificado en casi 25 millones de euros el beneficio logrado por
Manuel Ruiz de Lopera a costa del
Real Betis SAD en los casi veinte años en los que estuvo al frente del club y asegura en su auto de procesamiento que
Oliver no era un comprador legítimo de las acciones del club, sino un cómplice en el "proyecto criminal" de
Lopera.
Alaya acusa a
Lopera de haber llevado a cabo un "plan preconcebido" para descapitalizar el club desde que fue vicepresidente económico, proyecto que diseñó "en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio".
En su auto, la juez afirma que el
Betis cedió a
Tegasa, la empresa de
Lopera, la totalidad de sus ingresos a cambio de un canon fijo o variable, según las temporadas, con la finalidad de que el club "pudiese tener unos ingresos mínimos que asegurasen su subsistencia en la elite del fútbol".
La realidad "es que el
Real Betis era quien garantizaría la supervivencia de
Tegasa, el que garantizaría el cumplimiento de los contratos de arrendamiento y el que, en definitiva, financiaría a la misma", según
Alaya.
Ruiz de Lopera ha recurrido este procesamiento ante la
Audiencia de Sevilla porque, a su juicio, no se ha demostrado el perjuicio causado ni sus "gastos innecesarios" y la juez ha hecho un "relato fabulado e inverosímil" sobre su supuesto "plan preconcebido" para hacerse con el club.
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