Lopera pierde su mayoría absoluta: el 23-S, un nuevo Betis de consenso

Lopera, después de que el Mercantil suspendiera el 31% de las acciones de Farusa, se queda con mayoría simple y la falta de un administrador judicial obligará a que todo el accionariado del Betis llegue a un acuerdo. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, atendiendo parcialmente la solicitud presentada el 20 de julio por diecisiete accionistas béticos, suspendió ayer cautelarmente los derechos políticos del 31,38% de los títulos del club (en concreto, 30.869, los numerados del 55.351 al 58.350 y del 61.667 al 64.666), cuya propiedad se dirime aún en los tribunales, por entenderse que el accionista mayoritario, Manuel Ruiz de Lopera, pudo haberlos adquirido de forma ilícita, al tiempo que le prohibe explícitamente disponer de ellos, por ejemplo para una compraventa, pues especifica que "no cabe duda que toda transmisión de las acciones generaría situaciones susceptibles de impedir o dificultar la efectividad de lo que pudiera obtener la otra parte en el procedimiento principal, no sólo por la posible concurrencia de terceros de buena fe (...), sino también porque la solución que se pudiera obtener en una eventual futura sentencia que declarase la nulidad de lo acordado podría enfrentarse a situaciones ya consumadas o suponer, cuando menos, una solución tardía para el conflicto, lo que acarrearía consecuencias difíciles de borrar".

Esto supone, de facto, un golpe figurado al mentón de Bitton Sport, grupo que se ha declarado en los últimos días vencedor de esta guerra judicial y que, con el también imputado Luis Oliver a la cabeza, desliza que sus representantes, y no Lopera, son los que desembarcarán en el Betis tras la junta del 23-S.

No obstante, Javier Carretero, el magistrado que ha tomado esta resolución, declinó la designación de un nuevo administrador judicial de ese paquete, a pesar de que los requirientes depositaron una caución de 25.000 euros (después, al auto entiende que la cantidad debe ser de 85.000).

Y es que, como recoge el documento, "la solicitud de las correspondientes medidas cautelares en el seno del procedimiento civil está sujeta al principio de rogación, así que las mismas no pueden ser objeto de adopción judicial de oficio; por ello, el procedimiento legalmente previsto para su adopción se iniciará con la presentación de la oportuna solicitud, que normalmente acompañará a la correspondiente demanda principal, pero, si con carácter previo, quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad, también cabe la posibilidad de su adopción con escrito previo a la demanda, tal y como señala el artículo 730.1 y 2 de la LEC".

Por ende, el club será gobernado por el resto de los accionistas hasta que se resuelva esta causa, vista ya para sentencia, así como las hipotéticas apelaciones. De esta manera, el auto del Mercantil no colisiona con el dictado el pasado día 11 de julio por la Audiencia Provincial de Sevilla, que devolvió a Ruiz de Lopera el control del Betis, al revocar las medidas cautelares dictaminadas hace cinco años por el Juzgado de Instrucción número 6, que llevó una causa contra él por presunto delito societario. Y es que, desde 2010, los consejos de administración de la entidad deportiva han estado nombrados por los diferentes interventores judiciales designados por la que era su titular, Mercedes Alaya.

Pese a esta suspensión de los derechos políticos de algo más del 30% de las acciones del Betis, Lopera y personas de su confianza aún controlan más de un cuarto de los títulos del club, por lo que será imposible quebrar su mayoría en la junta general extraordinaria de accionistas, prevista para el 23 de septiembre. Los diferentes grupos opositores al empresario de El Fontanal manejan, en total, alrededor del 15%, mientras que casi un tercio de las mismas está atomizado, en manos de particulares que jamás se han personado en las juntas de accionistas.