Los concursales piden una devolución de 29,5 millones al Betis
Lopera saliendo de los juzgados.
El informe en el que se detalla la calificación del concurso de acreedores del Betis como culpable es demoledor contra Manuel Ruiz de Lopera, Luis Oliver y quienes integraron sus consejos de administración. A todos ellos se les solicitan unas castigos económicos y de inhabilitacion muy altos: quince años para los máximos responsables y un total de 100 millones de euros según publica ABC. La cantidad, al ser solidaria, implicaría que al Betis se le reintegraría un máximo de 29,5 millones, ya que si un afectado abona una parte se le descuenta al resto. Mientras, las inhabilitaciones sí son personales y no compartidas.
Salen realmente mal parados en esta propuesta los máximos dirigentes del Betis en esta etapa: Manuel Ruiz de Lopera, Farusa (representada hasta finales de 2009 por Luis Salcedo), José León, Jaime Rodríguez-Sacristán, Manuel Castaño, Luis Oliver y Ángel Vergara. Todos ellos son considerados responsables de la entrada en concurso del Betis. Pero tampoco se libran en el escrito de Antonio González, Francisco Tato y Gerardo Narbona los diez consejeros restantes que aparecieron en este tramo, entre los que se encuentran Rufino González, Luis Rementería y Joaquín Zulategui, entre otros.
Las sanciones más importantes serían: José León: 29,5 millones de euros y quince años de inhabilitación; Lopera y Farusa: 23 millones de euros Lopera y otros 23 Farusa y quince años de inhabilitación para ambos; Rodríguez-Sacristán: 6 millones de euros y diez años de inhabilitación; Manuel Castaño: 6 millones de euros y diez años de inhabilitación; Ángel Vergara: 6,4 millones de euros y diez años de inhabilitación; Luis Oliver: 6,4 millones de euros y diez años de inhabilitación.
La contundencia del escrito es tal que ha sorprendido por las cuantías ya que un grupo de accionistas béticos y la plataforma Por Nuestro Betis habían solicitado a finales de 2012 en sus alegaciones que se castigara económicamente a Lopera y Oliver, principalmente, con la restitución de hasta 25 millones de euros y esta cifra se eleva hasta los 29,5 millones en este caso. Las inhabilitaciones de quince años para ejercer en cualquier sociedad son las máximas aplicables. Si estas propuestas salen adelante significarían un cambio absoluto en el panorama accionarial del Betis y condicionarían de manera definitiva el gobierno de la entidad.