Estepa abre el casting para el nuevo consejo

Se acerca el final de un proceso judicial que comenzó en 2010 y que ha mantenido al club judicializado desde entonces, y todas las partes implicadas en el mismo comienzan a tomar posiciones, desarrollar sus estrategias y mover ficha ante la inminente resolución.

La pasada semana, las diferentes plataformas entraban en conflicto a cuenta de la arbitraria situación institucional y la nefasta marcha deportiva (PNB pedía la remoción de Estepa y, en consecuencia, el levantamiento de unas medidas cautelares que consideraban ya inoperantes, mientras que la Fundación Heliópolis se alineaba del lado del consejo), revuelo que aprovechó Lopera para salir a la palestra y poner en marcha un medido plan con el que pretendía, en primer lugar, lavar su imagen y, en segundo, desmontar a la oposición.

El dueño de Tegasa y Encadesa tendió su mano a las diferentes asociaciones con la intención de lograr un consenso que ayudara a acabar con la intervención del club. Esta propuesta de diálogo ha sido entendida por los grupos como un intento a la desesperada de librarse de un juicio en el que podría ser condenado por el perjuicio económico que le provocó al club (17 millones de euros entre 1999 y 2008 y otros 12,4 millones entre 1993 y 1998).

Pese a sus diferencias, ni PNB ni la Fundación ni el resto de plataformas van a retirarse de acusación, por lo que Lopera, casi con toda seguridad, tendrá que sentarse en el banquillo. Hasta entonces, el club seguirá intervenido si la jueza Alaya no decreta el levantamiento de las medidas cautelares, algo que, de momento, parece improbable.

En la hoja de ruta, pues, lo más inminente es la junta general de accionistas del próximo 9 de diciembre, en la que está previsto que parte del actual consejo deje su sillón para dar entrada a nuevos consejeros. Menos de un mes tiene el administrador judicial, Francisco Estepa, para encontrar un candidato a sustituir a Manuel Domínguez Platas y Fernando Casas, presidente y vicepresidente, respectivamente. Esa es la única preocupación en estos momentos del gestor judicial, por encima incluso de la deriva deportiva del primer equipo.

El abogado hace días que abrió la ronda de conversaciones con los futuribles presidentes, pero lo cierto es que son pocos los que se atreven a dar el paso en las circunstancias actuales. Asumir la dirección del club supone un riesgo elevado y un margen de maniobra muy limitado al que pocos están dispuestos a someterse.

Entre las alternativas podría encontrarse uno de los máximos accionistas del Betis y actual consejero, Juan Miguel López Catalán. Su nombre suena con fuerza en ciertos círculos, pero no es el único.

Quien no podría ser, pese a su deseo, es el otrora consejero y responsable de la cantera, Manuel Castaño.

El abogado sevillano se ha ofrecido en incontables ocasiones para el cargo, si bien su discurso ahora, muy similar al de Lopera, pasa por encontrar las vías de comunicación y entendimiento entre todos los béticos (incluidas las plataformas que denunciaron su gestión y la de los consejos de los que formó parte), un sinsentido más del que fuera uno de los hombres de confianza de Manuel Ruiz de Lopera.

"Me da igual ser presidente, vicepresidente, consejero o estar fuera del consejo, mientras éste esté compuesto por béticos. Con independencia del aspecto jurídico y de la tardanza que pueda tener este procedimiento, mi opinión es que los béticos tenemos que renunciar a muchas cosas. El Betis debe estar por encima de la directiva, peñas, plataformas, etc. Al Betis hay que tratarlo y soy partidario de que nos reunamos. Debemos denunciar a quien haya que denunciar, pero debemos acercar posturas", proponía ayer en Radio Sevilla, donde se atrevió a asegurar que el hecho de estar esperando la calificación del concurso, que podría declararle culpable, no es incompatible con ejercer como consejero del club e, incluso, como presidente.

"No tengo ningún impedimento legal para formar parte de un consejo de administración. Aquí no hay una resolución judicial que confirme algo, sólo la opinión de tres personas. No hay ningún impedimento legal", insistió Castaño.

Lo que obvió Castaño es que, en el caso de que el concurso sea considerado culpable, él, Oliver y todo el que participó en él serán inhabilitados ´ipso facto´ para cualquier cargo. Es por ello que el regreso de Castaño parece tan improbable como el de Lopera. Mientras algunos ´ladran´, Estepa sigue buscando sus ´fichajes´ para el consejo.