Calma chicha en el Betis
Mientras el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona insta a la Policía Judicial a investigar el destino de los casi 3,8 millones de euros desviados en Osasuna, en Heliópolis esperan que las instituciones les pidan explicaciones.
Jordi Figueras, durante un entrenamiento en la ciudad deportiva bética.
La polémica ha pasado rozando el palo bético, utilizando el argot futbolístico, aunque la jugada continúa en campo ajeno, con una seria amenaza de rondar pronto de nuevo el área propia. En Heliópolis, la acusación de un presunto amaño de los partidos ante Valladolid y Osasuna de finales del curso pasado, se está gestionando como mandan los cánones de un gabinete de crisis: respuesta tajante y unívoca de las voces autorizadas: apoyando al señalado Jordi Figueras y descartando cualquier práctica ilegal, en el caso de los profesionales; y poniéndose en manos de la LFP y la Justicia, en el institucional.
Mientras tanto, el central ilerdense, bastante afectado y cariacontecido, según su gente más próxima, guarda silencio, por expreso deseo del protagonista y por consejo del club, deslizando que pondrá el controvertido asunto en manos de sus abogados para que defiendan tanto su honor como sus derechos.
Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha encargado a la Policía Judicial de la Policía Nacional que averigüe, a la mayor brevedad posible, el destino final de 3.761.611 euros, cuya extracción denunció ayer el actual presidente de Osasuna en una sala de guardia. En el auto por el que incoa diligencias, el magistrado considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos, sin perjuicio de una posterior calificación jurídica, de delitos de apropiación indebida, societario y de falsedad documental, informó el TSJN.
En concreto, quiere conocer "la finalidad real" de los pagos efectuados el 1 de junio de 2013 a Cristina Valencia y Alberto Nolla (agentes inmobiliarios) por importe de 900.000 euros y "la identidad del supuesto agente deportivo" que percibió en diciembre de 2011 un pago de 76.611 euros. Asimismo, el juez solicita que se detalle el nombre de las personas que el 1 de julio de 2013 firmaron el contrato entre el fondo 'Flefield' (afincado en la isla de Madeira) y Osasuna por el que, supuestamente, esta sociedad percibió en 2014 un total de 1.440.000 euros, así como qué servicios recibió en contraprestación el club por ese acuerdo.
De igual modo, se insta a la Policía a que indague sobre quiénes retiraron de las cuentas bancarias de Osasuna 1.345.000 euros en efectivo desde noviembre de 2013 a junio de 2014, así como la finalidad de dichas extracciones. El juez reclama también a la LFP la auditoría remitida al CSD y exige a sus autores que se reafirmen el 2 de marzo.