La Diputación de Sevilla prorroga el Plan Provincial de Actividades Deportivas

La Diputación de Sevilla prorroga el Plan Provincial de Actividades Deportivas
- R. S.
Estadio DeportivoEstadio Deportivo 5 min lectura
El pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado este martes en sesión ordinaria y telemática, ha aprobado una prórroga del Plan Provincial de Actividades Deportivas aprobado ya el 31 de enero de 2019; así como una modificación del régimen de integración de la Diputación en las asociaciones constituidas como Grupos de Desarrollo Rural (GDR) para "clarificar la situación" de la institución provincial con tales entidades y "seguir trabajando codo con codo" con ellas y una modificación en los estatutos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, junto con cambios en la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo (RPT) de tal ente provincial.

El objetivo es que se pueda desarrollar todo el Plan aprobado a comienzos de año y que se frenó en marzo casi en su totalidad debido a la pandemia provocada por el Coronavirus.

Asimismo, también aprobaba, con el voto a favor del PSOE, Adelante y Cs y la abstención del PP y Vox, la financiación y actualización del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023 en lo que concierne al ejercicio 2021, con algo más de 77,7 millones de euros.

La diputada socialista de Cohesión Social e Igualdad, Rocío Sutil, ha rememorado que el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad promovido por la institución para el periodo comprendido entre 2020 y 2023 fue aprobado en noviembre de 2019, para planificar la asistencia técnica y económica del funcionamiento de los servicios sociales comunitarios, merced a principios de solidaridad, igualdad y equilibrio intermunicipal.

El plan, según Rocío Sutil, asegura la prestación del conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientadas a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, impulsa la "transversalidad", integra la perspectiva de género mediante varias medidas, apuesta por la inclusión socio-laboral de las personas vulnerables e implanta políticas sociales inclusivas que reconocen la diversidad y la pluralidad como valor.

En ese sentido, el plan contempla una plantilla de 4.247 profesionales de los servicios sociales comunitarios en 89 municipios menores de 20.000 habitantes y una entidad local autónoma. En concreto, se trata de 3.800 profesionales del servicio de ayuda a domicilio y 447 profesionales más entre trabajadores sociales, psicólogos, educadores, administrativos, técnicos y asesores en igualdad. Igualmente, incluye las ediciones anuales del Plan de Urgencia Municipal (PUM), que se traduce cada año en unas 4.000 contrataciones temporales entre personas desfavorecidas.

Para visualizar el impacto de los servicios abarcados por el plan, los datos de la Diputación correspondientes a 2018 reflejan que los programas y medidas incluidos en la planificación alcanzaron dicho año a 162.447 personas como usuarias de los servicios sociales comunitarios, figurando entre ellas 8.284 beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio, 273 familias beneficiarias de ayudas económicas, 346 inmigrantes apoyados con asesoramiento jurídico y social, 1.457 personas beneficiarias del Programa de Desarrollo Gitano, 13.236 personas en tratamiento por drogodependencias o adicciones u 89 personas con discapacidad intelectual con prácticas becadas.

Al respecto, Rocío Sutil ha precisado que la actualización del plan de cara a su aplicación en 2021 comporta modificaciones que no alteran "sustancialmente" el documento de 2019, tratándose de "aclaraciones y ampliaciones" como la creación de una plataforma de gestión de los puntos municipales de igualdad o la implementación de un "plan estratégico" en la materia, entre otros aspectos.

Para aplicar en 2021 todos los servicios abarcados por dicho plan media una financiación de 77,7 millones de euros, casi diez millones más que el año que ahora concluye, aportando la Diputación el 31,75 por ciento de los fondos, la Junta de Andalucía el 58,8 por ciento, el Estado el 0,66 por ciento y los ayuntamientos el 8,75 por ciento.
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