El Betis aprueba 88 millones de presupuesto con el rechazo del 42 % de los accionistas
Serra Ferrer, durante la Junta General de Accionistas de este lunes.
Estadio Deportivo3 min lecturaSin comentariosLa Junta General de Accionistas del Real Betis aprobó este lunes por una exigua mayoría las cuentas de la temporada 2019/2020, en el que la cifra de negocio cayó en más de 22 millones de euros, y un presupuesto ligeramente inferior a 88 millones para la presente, puntos que contaron con un 42,7 por ciento de votos en contra.
El consejero encargado del área económica del club, José María Pagola, informó de que el ejercicio se cerró con un superávit de 1,5 millones de euros, si bien admitió datos preocupantes como la existencia de un fondo de maniobra negativo superior a los cien millones y una deuda a corto plazo acuciante, de 127 millones.
Algunos accionistas relevantes, como el expresidente Juan Carlos Ollero, afearon a la mesa el "ofrecer una situación del club más dulce de la que existe en realidad" y reprocharon a los gestores el no haber "seguido el criterio del auditor", al asegurar que "si fuera a 30 de junio, las cuentas darían resultados negativos".
"No estoy de acuerdo con las cuentas porque, entre otras cosas, las presentan de una manera que cuesta un trabajo horroroso descifrarlas, pero no aprobarlas sería un daño excesivo para la sociedad", añadió Ollero.
Las cuentas se aprobaron con 47.517 votos a favor (55,85 % de los emitidos), 36.354 en contra (42,7 %) y 1.202 abstenciones (1,41 %), lo que evidenció un fuerte rechazo al consejo de administración, que en el punto del orden del día que enjuiciaba su labor veía cómo los sufragios no aprobatorios subían hasta el 45,5% del total.
Con porcentajes muy similares se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2020/2021, que cae de los 168 millones de euros votados hace un año hasta los 88, una merma que Pagola achacó a los estragos de la pandemia de COVID-19, que ha reducido los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios.
La junta quedó constituida con 85.073 títulos representados, entre asistentes en vivo o de forma telemática y sindicaciones, lo que supone el 72,4 por ciento del capital social del Real Betis susceptible de votar, ya que hay más de 30.000 acciones (31,38 % del total) cuyos derechos políticos están suspendidos por mandato judicial.
El consejero encargado del área económica del club, José María Pagola, informó de que el ejercicio se cerró con un superávit de 1,5 millones de euros, si bien admitió datos preocupantes como la existencia de un fondo de maniobra negativo superior a los cien millones y una deuda a corto plazo acuciante, de 127 millones.
Algunos accionistas relevantes, como el expresidente Juan Carlos Ollero, afearon a la mesa el "ofrecer una situación del club más dulce de la que existe en realidad" y reprocharon a los gestores el no haber "seguido el criterio del auditor", al asegurar que "si fuera a 30 de junio, las cuentas darían resultados negativos".
"No estoy de acuerdo con las cuentas porque, entre otras cosas, las presentan de una manera que cuesta un trabajo horroroso descifrarlas, pero no aprobarlas sería un daño excesivo para la sociedad", añadió Ollero.
Las cuentas se aprobaron con 47.517 votos a favor (55,85 % de los emitidos), 36.354 en contra (42,7 %) y 1.202 abstenciones (1,41 %), lo que evidenció un fuerte rechazo al consejo de administración, que en el punto del orden del día que enjuiciaba su labor veía cómo los sufragios no aprobatorios subían hasta el 45,5% del total.
Con porcentajes muy similares se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2020/2021, que cae de los 168 millones de euros votados hace un año hasta los 88, una merma que Pagola achacó a los estragos de la pandemia de COVID-19, que ha reducido los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios.
La junta quedó constituida con 85.073 títulos representados, entre asistentes en vivo o de forma telemática y sindicaciones, lo que supone el 72,4 por ciento del capital social del Real Betis susceptible de votar, ya que hay más de 30.000 acciones (31,38 % del total) cuyos derechos políticos están suspendidos por mandato judicial.
