La última estrategia de Santi Mina no le salvará de entrar en la cárcel

Es cuestión de tiempo que Santi Mina, ex jugador del Celta de Vigo y el Valencia, entre en prisión. El pasado martes, la Sección Tercera de la Audiencia de Almería requirió al gallego para que que en el plazo de diez días presente sus alegaciones sobre la ejecución de la pena de cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual ocurrido en 2017 y declarada firme por el Tribunal Supremo.

Diez días para presentar alegaciones

Según consta en el auto dictado por el tribunal almeriense, los magistrados otorgan a la representación procesal del condenado este margen para que "efectúe en un mismo escrito" las alegaciones relativas a la ejecución de su castigo. Una notificación que llevó a la defensa del ex futbolista de 30 años, que hace tres que se retiró, a estudiar la solicitud del tercer grado penitenciario, como informó el diario Atlántico.

De este modo, la estrategia de vigués no es otra que poder cumplir su pena en régimen abierto, en un Centro de Inserción Social (CIS), siempre que se den las condiciones exigidas por la legislación. Pero el mismo medio ha aclarado que esta posibilidad no impedirá su entrada inminente en prisión.

Así se funciona el tercer grado: quién y cuándo se concede

En realidad, será la junta de tratamiento del centro penitenciario en el que ingrese el que conceda o no el tercer grado, por lo que se trata de una solicitud que sus abogados solo podrían formalizar tras la entrada en la cárcel de Santi Mina. Además, para ello deberá cumplir una serie de requisitos, cumpliendo a priori la mayoría de ellos.

Para empezar, deberá abonar los 25.000 euros de indemnización fijados como responsabilidad civil a favor de la víctima, algo que aún no ha realizado. Junto a ello, otra condición que no se cumple por ahora es la ausencia de la negativa por parte de la víctima a que le sea concedida esta clasificación.

Lo que sí tiene a su favor el que fuese internacional español sub 21 es que se trata de una pena inferior a cinco años, que es su primer delito, que han transcurrido más de tres años desde los hechos y la existencia de una red de apoyo familiar y un proyecto laboral y vital sólido.

Todo ello, así como el hecho de presentarse voluntariamente, podría favorecer su petición para, una vez entre en la cárcel, poder salir y cumplir la mayor parte de su condena en un centro de régimen abierto. Pero se trata de una petición que deberá ser valorada a posteriori y la realidad es que es poco habitual que se conceda en los casos de violencia sexual.

Prohibición de acercarse a la víctima durante 12 años

Al superar la condena los dos años de prisión, la suspensión ordinaria resulta inviable, por lo que el siguiente paso judicial, una vez consumido este trámite, será dictar un mandamiento para el ingreso voluntario del jugador en el centro penitenciario que elija. Además, la Audiencia de Almería exigió al ex futbolista gallego que se pronuncie sobre el cumplimiento de la "prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con él por cualquier medio, durante un período de doce años".

En este sentido, apercibió además a Santi Mina y le advirtió de que puede "incurrir en delito de quebrantamiento de condena en caso de incumplimiento" de estas restricciones.

La resolución del Tribuna Supremo

Este proceso de ejecución se abre después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificara el pasado septiembre la condena a Santi Mina por abusar sexualmente de una mujer en la madrugada del 16 de junio de 2017 en una furgoneta estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar (Almería). El Alto Tribunal desestimó íntegramente los veintinueve motivos del recurso de casación de la defensa y señaló que el acusado actuó "aprovechado el espacio angosto y extraño" para la víctima, "que él tapaba la única salida y ella se encontraba en estado de shock".

La sentencia del Supremo subrayó que existió una primera agresión "sorpresiva, que ya por sí evidencia falta de consentimiento", a la que siguió una segunda efectuada expresamente "a pesar de la ausencia de consentimiento de la víctima". Los magistrados rechazaron la existencia de cualquier tipo de error sobre la voluntad de la mujer y que el hecho de que el deportista detuviera su acción cuando la joven se lo exigió "acredita el momento en que finalizó la actuación y explica que el Tribunal descartara la utilización de violencia o intimidación; no establece que la víctima hubiera consentido previamente ni que el acusado creyera que lo hacía".

La resolución precisó que la mujer "presenta sintomatología ansiosa y depresiva grave relacionada con los hechos, habiendo resultado muy afectada su vida cotidiana, sufriendo trastorno de estrés postraumático crónico". El Supremo también desestimó el recurso interpuesto por la representación de la víctima, que solicitaba condenar al jugador a ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual. Los magistrados rechazaron dicha pretensión al constatar que el relato de la primera instancia no describía que Mina hubiera utilizado "violencia con función instrumental" para doblegar la voluntad de la joven.