Se abre de nuevo el 'caso Dani Alves'

La Fiscalía ha elevado un recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria que libró de condena al futbolista Dani Alves, en relación a la presunta agresión sexual ocurrida en una discoteca de Barcelona. En su escrito, el Ministerio Público arremete contra la interpretación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que acusa de haber realizado una lectura sesgada y cruel de los elementos probatorios presentados durante el juicio.

En concreto, se critica que el tribunal haya “condenado moralmente” a la víctima al cuestionar su fiabilidad, basándose en una prueba biológica que, según la Fiscalía, fue malinterpretada. Se trataría de restos mínimos de ADN en la cavidad bucal de la denunciante, que fueron atribuidos erróneamente a una felación, cuando los informes técnicos apuntan a otras explicaciones posibles, como besos o contacto indirecto.

El Ministerio Público denuncia “arbitrariedad judicial”

El recurso sostiene que la sentencia absolutoria vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que el tribunal no solo omitió valorar todas las pruebas disponibles, sino que incorporó hechos no acreditados por la instancia anterior, transformando completamente el relato. Para la Fiscalía, este proceder altera de forma indebida la naturaleza del caso.

El Tribunal de Barcelona, en su momento, sí dio credibilidad al testimonio de la víctima, al que sumó pruebas médicas, informes psicológicos, declaraciones de testigos y videos de la noche en cuestión. Sin embargo, el TSJC habría ignorado gran parte de esa evidencia y desacreditado el relato de la joven sobre la supuesta agresión ocurrida en el reservado del local nocturno.

El fiscal Fidel Cadena subraya que es improcedente deducir una relación sexual oral a partir de una prueba científica ambigua, y acusa al TSJC de “actuar con parcialidad” al declarar nula la credibilidad de la víctima, lo que considera injustificable en términos jurídicos y “cruel” hacia la afectada.

La lucha continúa en los tribunales con Dani Alves

La decisión del TSJC de revocar la condena de 4 años y 6 meses de prisión dictada previamente generó una fuerte controversia. La Fiscalía solicitaba originalmente una pena superior, y ahora pide al Supremo que revise el fallo por considerarlo lesivo para la víctima y carente de respaldo legal.

En su argumentación, el Ministerio Público recuerda que el consentimiento sexual es revocable y que el hecho de acceder voluntariamente a un reservado no implica autorización para cualquier conducta posterior. Asimismo, denuncia que se haya caído en estereotipos sexistas, como el de que una mujer bajo los efectos del alcohol consiente todo.

La sentencia del TSJC, notificada el 28 de marzo, está ahora bajo revisión tras los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular, que buscaban penas mayores. El caso está en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si acepta el recurso y reabre el procedimiento judicial contra Dani Alves.