El fichaje de Griezmann, a los tribunales: investigan al Barcelona por presunta administración desleal
Un juzgado de Barcelona investiga si el FC Barcelona incurrió en dos delitos durante el fichaje de Antoine Griezmann. La justicia catalana analiza un pago de 15 millones de euros al Atlético de Madrid realizado bajo la presidencia de Josep María Bartomeu, y estudia si hubo administración desleal y falsedad contable
El medio El Mundo ha desvelado que la justicia catalana está llevando a cabo una investigación que afecta al FC Barcelona. El procedimiento se centra en el fichaje de Antoine Griezmann, ejecutado durante la etapa presidencial de Bartomeu, y analiza si se produjeron irregularidades en la gestión de un pago de 15 millones de euros al Atlético de Madrid.
Según la información publicada, la investigación busca determinar si ese pago se utilizó, presuntamente, para frenar una denuncia por haber negociado con el futbolista antes de lo permitido, mientras aún tenía contrato en vigor con el club rojiblanco. La documentación judicial sostiene que “supuestamente se negoció con un futbolista con contrato en vigor con otro club”, algo que está expresamente prohibido por la normativa del fútbol.
El papel del Juzgado de Instrucción número 32
El caso se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que estudia los documentos publicados por el medio. El Mundo ha mostrado correos electrónicos que revelarían una negociación secreta entre ambas partes “cuando en teoría todavía no se podía”.
En los autos judiciales se apunta que el juez considera que “se podría haber vulnerado la normativa FIFA”, que establece que “los clubs no pueden contactar con un deportista con contrato vigente si antes no se ha hablado con su equipo”. Estas afirmaciones, incluidas en los documentos, sirven como base para ampliar la investigación sobre el proceder del FC Barcelona en la operación de Griezmann.
La denuncia del Atlético ante la Federación
El juez también incorpora en la investigación la actuación del Atlético de Madrid. En su resolución señala que el club rojiblanco “lo denunció a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que tenía indicios importantes de que el club había negociado con el jugador directamente entre febrero y marzo de 2019”.
Esa denuncia se presentó tras detectar que el Barcelona podría haber iniciado conversaciones con el futbolista antes de que se cumpliera el plazo legal para hacerlo, ya que Griezmann seguía vinculado contractualmente al Atlético.
El pago de 15 millones bajo sospecha
La pieza central de la investigación es el pago de 15 millones de euros que, según los documentos, habría servido para evitar que el Atlético aportara pruebas al procedimiento abierto por la RFEF.
El juez detalla que “a fin de evitar una posible sanción de la RFEF, supuestamente, por parte de los investigados, se negoció directamente con el Atlético de Madrid y llegaron a un acuerdo donde se valoraba el pago de 15 millones a cambio de no aportar pruebas al procedimiento que se había incoado”.
Para justificar esa operación, se habría incorporado una cláusula contractual simulada, en la que se recogía un supuesto derecho de tanteo sobre varios jóvenes jugadores del Atlético. En palabras del juez, “para dar aspecto lícito a los pagos se simuló presuntamente que se adquiría un derecho de tanteo prioritario sobre diferentes jóvenes futbolistas del Atlético de Madrid”.
El mismo documento recoge que “el Atlético de Madrid, presuntamente, desistió de aportar pruebas ante la RFEF sobre la denuncia presentada contra el FC Barcelona”, un hecho que refuerza la hipótesis de que aquel pago podría haber tenido una finalidad encubierta.
Posibles delitos de administración desleal y falsedad contable
A partir de los elementos recopilados, el juez instructor plantea que “dichos hechos podrían integrar el delito de administración desleal y/o falsedad contable”. Esta conclusión provisional es el eje de la investigación actual, que intenta esclarecer si la cúpula del club, bajo la presidencia de Josep María Bartomeu, actuó con conocimiento de causa al efectuar el pago.
Por el momento, la justicia continúa recabando documentación para determinar si los hechos descritos constituyen efectivamente delitos económicos o si se trató de una operación irregular en el marco de un acuerdo entre clubes. Lo que está claro, según los autos, es que el pago de 15 millones y la posible simulación de una cláusula contractual son el núcleo de una nueva investigación judicial que vuelve a situar al FC Barcelona en el centro del debate legal.