La afición del Rayo Vallecano lleva a la RFEF ante la Justicia

La sanción al Rayo Vallecano ha abierto un nuevo enfrentamiento. La afición franjirroja ha decidido plantar cara a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el cierre parcial de una grada y ha llevado el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los seguidores afectados consideran que el castigo les perjudica sin tener en cuenta la responsabilidad individual y reclaman que se respeten sus derechos fundamentales.

El Comité de Disciplina de la Federación impuso al club madrileño una multa de 6.000 euros y el cierre parcial del fondo situado sobre los vestuarios. Esta última medida ha provocado la reacción de una parte de la hinchada, que ha optado por acudir a los tribunales para tratar de frenar sus consecuencias. La demanda está respaldada por la Federación Madrileña de Peñas, diez peñas rayistas y 22 abonados de la zona afectada.

La afición denuncia un castigo colectivo

La principal discrepancia de los aficionados con la resolución federativa está en que el cierre de la grada afecta también a personas a las que no se atribuye ninguna conducta sancionable. Por ello, el recurso sostiene que la decisión de la RFEF vulnera cuatro derechos recogidos en la Constitución: el principio de legalidad y de personalidad de las sanciones, la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el principio de igualdad.

La defensa de los seguidores está dirigida por el abogado Javier Flores, que considera que el caso puede sentar un precedente para otras aficiones del fútbol español. Su argumento va más allá de la situación particular del Rayo y pone el foco en las consecuencias que puede tener una medida de este tipo para quienes acuden al estadio sin haber participado en los hechos que motivaron la sanción. "Esto no va del Rayo. Esta temporada le ha tocado a Vallecas; la próxima puede ser cualquier grada de España", afirma Flores. El letrado subraya, además, la importancia de que el conflicto llegue por primera vez a la Justicia en defensa de los derechos fundamentales de una afición frente a la Federación. "Es la primera vez que una afición lleva a la Federación ante un juez por sus derechos fundamentales, y lo que se decida servirá para todas", añade.

Qué reclama la demanda contra la Federación

La petición presentada ante el TSJM busca que el tribunal declare que la RFEF ha vulnerado los derechos fundamentales de los aficionados y que deje sin efecto el cierre parcial del fondo. También solicita que se reconozca el derecho de los abonados a conservar el acceso a sus localidades cuando no se les atribuye participación en los hechos que originaron la sanción.

La defensa plantea, además, dos alternativas subsidiarias. En caso de que no prospere la petición principal, reclama que sea la propia Federación la que delimite los bloques afectados, después de escuchar a los abonados y examinar las grabaciones disponibles. Como mínimo, pide que los seguidores que no participaron en los incidentes puedan ser reubicados para no quedarse sin asistir al encuentro. El abogado resume la diferencia de trato que, a su juicio, se produce con una frase contundente: "Si lanzas un objeto, tienes expediente, alegaciones y derecho a defenderte. Si no lanzas nada pero estás en la grada equivocada, te quedas fuera sin nada de eso". La cuestión central será determinar si el cierre de una zona del estadio puede perjudicar a abonados concretos sin que se haya establecido una responsabilidad individual por su parte.

El cierre se mantiene para el partido ante el Elche

El primer pronunciamiento del tribunal no ha resuelto todavía el fondo del conflicto. El TSJM deja abierta la cuestión principal y reconoce que el perjuicio sufrido por los abonados podría tener una dimensión económica susceptible de reparación. Sin embargo, la medida no llegará a tiempo para evitar el cierre de la grada en el partido contra el Elche. El tribunal considera que no había margen temporal suficiente para adoptar una decisión que modificara la situación de cara a ese encuentro.

De este modo, la afición rayista afronta el partido con la zona afectada cerrada, mientras continúa la disputa judicial contra la Federación. El procedimiento determinará si la sanción se ajusta a derecho y si los argumentos de los abonados permiten cuestionar una medida que, según denuncian, termina perjudicando también a quienes no tuvieron responsabilidad en los hechos. Más allá del caso concreto del Rayo Vallecano, la resolución definitiva podría tener consecuencias para la forma en que se aplican los cierres parciales de gradas y para las garantías que deben proteger a los espectadores afectados por sanciones colectivas.