Denuncian a la consejera de Salud y a altos cargos del SAS por permitir una "exposición prolongada a agentes químicos"

Un grupo de residentes de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla), representados legalmente por el despacho In Diem Abogados, ha interpuesto una denuncia penal contra la actual consejera de Salud de la Junta de Andalucía, así como otros cargos de responsabilidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por su "supuesta participación omisiva" en hechos que podrían constituir ilícitos penales graves, como son la prolongada exposición de la población a agentes contaminantes.

Según dicha denuncia, la población se ha visto expuesta "a agentes químicos potencialmente tóxicos, filtrados en el subsuelo de la zona, con origen, según indicios documentales, en una antigua estación de servicio y otras infraestructuras industriales en desuso". Esta acción judicial se produce tras años de reclamaciones vecinales que, según denuncian, no han sido atendidas con la diligencia que exige la protección de la salud pública.

Aparte de a la actual consejera de Salud de la Junta de Andalucía, se denuncia igualmente a la anterior consejera de Salud —hoy titular de la Consejería de Medio Ambiente—, al ex director general de Salud Pública, al gerente del Hospital Virgen del Rocío y a la delegada territorial de Salud en Sevilla.

La parte denunciante aporta como prueba "un informe pericial emitido por la Fiscalía de Medio Ambiente, en el que se constata la exposición continuada de los vecinos a sustancias contaminantes, y se señala el riesgo cierto de afectación al ecosistema del río Guadalquivir". De ahí la denuncia por omisión prolongada, pues se habrían obviado "los reiterados avisos y peticiones" vecinales. Podrían ser constitutivos "de los delitos de prevaricación por omisión (art. 404 CP), omisión del deber de socorro (art. 195 CP), lesiones imprudentes o dolosas (arts. 147 y ss. CP) y delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 CP)".

"Desde el punto de vista jurídico, la conducta denunciada revela una presunta infracción del deber positivo de protección de la salud pública impuesto a las autoridades sanitarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Española y la Ley General de Salud Pública (Ley 33/2011), así como una potencial vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) y el derecho a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE)", según señala el comunicado de la denuncia.

In Diem Abogados, como representantes legales de los afectados, avisan que la actuación legal emprendida pretende "no solo el esclarecimiento de responsabilidades penales, sino también la exigencia de una respuesta institucional inmediata, a fin de cesar en la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los residentes afectados".

“No se trata únicamente de denunciar un daño consumado, sino de poner fin a una situación de desprotección jurídica y administrativa que no puede prolongarse más", afirma Sara Domínguez, responsable del Área Penal de este despacho de abogados. "La legalidad exige actuación frente a amenazas ciertas a la salud colectiva y es nuestro deber jurídico exigirlo por las vías correspondientes”, añade.