Aitor Torvisco5 min lectura"Quiero que España ocupe un papel de liderazgo mundial en la seguridad vial de la moto". Con estas palabras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reafirmó la decisión del Gobierno de España de seguir adelante con su plan para reducir las estadísticas al alza en cuento a la siniestrialidad de los accidentes de motocicleta, que incluyen algunas medidas que han despertado las críticas del sector profesional dedicado a la venta de vehículos de dos ruedas y, sobre todo, de esas empresas de 'renting' que en los últimos años se han puesto tan de moda en las grandes ciudades del país. Con esta reforma, grandes capitales como Sevilla, Valencia, Barcelona o Madrid pueden ir despidiéndose de las motos de alquiler.
Marlaska clausuró la semana pasada en Zaragoza la primera Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Motocicleta y, según destacaba la DGT en un comunicado, el ministro resaltó el decisivo papel que las motos tienen en la movilidad diaria de millones de trabajadores, así como en el turismo y el ocio, lo que considera que deben ser motivos para que las autoridades viales redoblen esfuezos para estar preparados para poder reducir la mortalidad en los accidentes de motocicleta. Según el responsable de la cartera de Interior, "suponen ya el 25 por ciento de los fallecimientos con menos del 3 por ciento de su movilidad motorizada; es decir, por cada kilómetro recorrido, el riesgo de morir de un motorista es 18 veces superior a la persona que viaja en un vehículo de cuatro ruedas".
"Tenemos que reducir este diferencial y sólo lo podremos hacer con políticas integrales que, de acuerdo con los principios del sistema seguro, impacten sobre todo en los pilares relacionados con el vehículo, la persona, la infraestructura, los datos y la gobernanza", añadió el político socialista, interpelando de manera directa a fabricantes, ingenieros, vendedores, profesores de autoescuela y, evidentemente, a los usuarios. De este modo, defendió las polémicas medidas que ya había adelantado el pasado mes de noviembre, justo después de un Consejo de Ministros y que los empresarios temen que generen pérdidas para los que se dedican a vender y alquilar motos.
'Grosso modo', estas medidas impondrán la obligatoriedad del uso de caso integral y de guantes fuera de las ciudades o en vías interurbanas y, el principal punto de discordia, exigirá haber realizado un curso específico para los poseedores del carnet de conducir de clase B para poder conducir motos de hasta 125 c.c., a no ser que el usuario cuente con otras licencias como el A1 o superiores. Como este tipo de vehículos de pequeña cilindrada son los más demandados en compras y 'renting', desde este sector alertan de que las consecuencias económicas pueden ser bastante importantes.
A día de hoy, todo el que se ha sacado el carnet de coche (B) y que tenga más de tres años de antigüedad puede conducir este tipo de motocicletas de hasta 125 c.c., con el modelo 'scooter' como el más vendido y el más rentable para las empresas de alquiler que operan en las grandes ciudades, ya que favorece el desplazamiento por las ciudades para turistas y para ciudadanos que no cuenten con vehículo propio o no tengan fácil encontrar aparcamiento en sus lugares de trabajo, además de ser una opción más rápida que el transporte urbano y relativamente rentable en la relación calidad/urgencia/tiempo/dinero. Por eso, desde el 'motosharing' recuerdan que la mayoría de accidentes se producen con motos de mucho mayor potencia, consideran que su negocio estaría en serio riesgo y vienen solicitando a Interior que matice sus medidas o que al menos tenga en cuenta cómo paliar sus pérdidas a la hora de elaborar este nuevo proyecto vial.