José Antonio Rivero4 min lecturaEl pasado jueves, 21 de diciembre de 2023, entraron en vigor las nuevas medidas de refuerzo en la evaluación del desempeño de los empleados públicos, marcando un hito significativo en el ámbito laboral. Estas medidas, parte de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, prometen cambios estructurales en el modelo de la Función Pública.
El texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, un procedimiento destinado a valorar la conducta profesional y medir el rendimiento del personal. La meta principal es aumentar la productividad para mejorar la prestación del servicio público. Este enfoque refleja un compromiso del Gobierno para fortalecer la Función Pública y garantizar un desempeño eficiente.
Las evaluaciones, desarrolladas en colaboración con las organizaciones sindicales, se plantean en un tono positivo. Es esencial destacar que no implicarán la pérdida de la condición de funcionario para aquellos que no las superen. En lugar de sanciones, el Gobierno propone medidas de formación para mejorar el desempeño de aquellos que no obtengan resultados satisfactorios.
"El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación", subraya el Ejecutivo.
Para aquellos que superen las evaluaciones, se prevén beneficios directos, como la remuneración del complemento de desempeño, que reemplaza al complemento de productividad. Además, se impulsará su progresión en la carrera profesional, siendo un factor clave en concursos de méritos y el acceso a formaciones adicionales.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, resalta la introducción de la carrera horizontal, un sistema que permite mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo. Este enfoque innovador utilizará un sistema de tramos que valorará la trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación, y la participación en actividades de docencia o investigación.
La norma también aborda la necesidad de fomentar la integración de personas con discapacidad. Contempla la creación de unidades de inclusión específicas para garantizar un entorno laboral más inclusivo y accesible.
La reforma incluye la constitución del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) como agencia de empleo público. Este cambio tiene como objetivo consolidar su papel en las políticas de selección y formación de los empleados públicos.
La normativa refuerza la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos. Se introducen cambios en el acceso a puestos de alto funcionario, priorizando los criterios de mérito y competencia. Además, se establece la planificación estratégica de los recursos humanos, con planes de duración específica y reestructuración de sectores concretos.
La oferta de empleo público recibirá un impulso significativo, imponiendo plazos irrenunciables para su ejecución. Se introducen nuevas posibilidades, como la reapertura de plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones en un plazo de tres años.
Para agilizar los procesos de acceso y selección, se promueve un modelo más eficiente. La duración máxima de los procesos selectivos se limita, y se territorializan las pruebas para mayor eficacia. La obligación de publicar convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público es una medida clave para acelerar los procesos.
En resumen, estas reformas pretenden modernizar y fortalecer la Función Pública, alineando los incentivos con el rendimiento y garantizando un servicio público de calidad.