Mazón deja la Generalitat, aunque su sueldo podría acompañarle hasta 15 años más
La salida de Carlos Mazón abre el debate sobre los derechos y retribuciones que le corresponden como expresidente, un estatus que dependerá de cómo se interprete la duración efectiva de su legislatura

Carlos Mazón ha oficializado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana después de una semana de gran tensión política. La decisión llegó tras días de reflexión y conversaciones con su entorno más cercano en Alicante, en un contexto marcado por las críticas recibidas durante el homenaje a las víctimas de la DANA, la catástrofe que costó la vida a 229 personas. En su intervención, el ya exmandatario reconoció haber vivido "meses durísimos" y pidió al parlamento autonómico que inicie el proceso para designar a su sucesor.
Hasta el momento de su renuncia, Carlos Mazón percibía un salario anual de 91.398,24 euros brutos, la cantidad fijada oficialmente para el presidente del Consell. Con su salida, el dirigente popular podría acogerse al Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana, una normativa que regula el reconocimiento institucional y económico de quienes han ejercido el máximo cargo autonómico. El texto legal tiene como finalidad garantizar que los antiguos jefes del Ejecutivo mantengan un nivel de representación acorde con la dignidad del cargo.
El Estatuto marca los límites del mandato y las retribuciones
El artículo 4 de este estatuto establece que los expresidentes se incorporan como miembros natos al Consejo Jurídico Consultivo (CJC) durante 15 años si completan una legislatura entera. En caso contrario, la duración del cargo se limita al tiempo ejercido, con un mínimo de dos años. Mazón fue investido el 15 de julio de 2023 y ha permanecido en el cargo dos años y tres meses, por lo que no ha finalizado un mandato completo. Si se aplica el criterio literal de la ley, su participación en el CJC se limitaría a dos años, sin embargo, una interpretación más flexible podría extender su pertenencia hasta los 15 años previstos.
El puesto en el Consejo Jurídico Consultivo está retribuido con 86.862,36 euros brutos anuales, cifra muy próxima a la que percibía como presidente. Además, el Estatuto contempla beneficios adicionales: una oficina de apoyo con tres empleados, dos asesores y un conductor, un espacio de trabajo y vehículo oficial.
Por otro lado, Carlos Mazón podría continuar su carrera institucional como senador autonómico, con una asignación mensual de 3.284,91 euros, o mantener su escaño como diputado, con un salario estimado entre 60.000 y 80.000 euros al año. Cabe recordar que ocupar un puesto en el CJC es un derecho, no una obligación, y que hasta la fecha solo Francisco Camps ha decidido hacerlo efectivo.