Rubén Alcaine pide la inhabilitación de la presidenta de la LPFF

La semana pasada iniciaba con la noticia del posible cese de Rubén Alcaine, vicepresidente de la Liga F. De las 16 entidades que forman parte de la competición, 11 decidieron presentar una moción de censura para que fuera llevada a votación el próximo miércoles 25. Ahora, antes de que llegue esa Asamblea General que supondría su final como vicepresidente, Alcaine ha decidido responder a las acusaciones contra su persona en forma de denuncia.

Para ello, ha acudido al Consejo Superior de Deportes (CSD), donde ha presentado una demanda contra la presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), Beatriz Álvarez Mesa, y el director general, Pablo Vilches Alarcón. Amparado por la Ley del Deporte de 2022, ha acusado a ambos de extralimitación de sus funciones, ocultación de información y posible fraude de ley. Unas infracciones recogidas como faltas muy graves y que podrían suponer sus inhabilitaciones.

Todo comenzó cuando a principios del pasado año, Beatriz Álvarez decidió apartar a Rubén Alcaine de sus funciones, por lo que el vicepresidente, según fuentes contactadas por EFE, habría tratado de generar un clima de tensión y confrontación dentro del organismo, actuando en contra de los intereses de la Liga F en todas las asambleas y comisiones delegadas, buscando perjudicar la imagen de la entidad mediante terceras personas.

Ahora, viendo la proximidad de su cese, Alcaine ha fundamentado principalmente su denuncia en la irregularidad a la hora de convocar la Asamblea General Extraordinaria del próximo 25 de junio, donde se votaría su moción de censura, siendo este el único punto del orden del día. En una nota de prensa remitida a Europa Press, el hasta ahora vicepresidente de la Liga F denuncia que dicha convocatoria ha sido ejecutada “sin el preceptivo acuerdo”, lo que supone una “extralimitación de funciones y una violación del régimen electoral específico” recogidos en los Estatutos Sociales de la LPFF. En el comunicado, también informa de un trato irregular hacia su persona, restringiendo su acceso a documentación contable, grabaciones de las sesiones colegiadas y funciones estatutarias propias de su cargo de forma irregular desde enero de 2024, cuando la presidenta decidió apartarle de sus funciones. “A pesar de requerimientos formales mediante burofax, ni la presidencia ni la dirección general han facilitado la información requerida, impidiendo el legítimo ejercicio de mis funciones”, comunica el vicepresidente.

Rubén Alcaine espera que el CSD remita su denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y solicite la inhabilitación de Beatriz Álvarez Mesa. Además de evaluar las responsabilidades del director general, Pablo Vilches, al que acusa de tener una “intervención activa en la convocatoria de la Asamblea y su negativa reiterada a cumplir con los estatutos y requerimientos formales”.