Ecologistas en Acción denuncia ante Fiscalía supuestos delitos de corrupción urbanística en las obras del Benito Villamarín

El Real Betis presumía hace sólo unos días del buen ritmo que llevan las obras en el Benito Villamarín, explicando que ya está completada más de la mitad de la primera fase y anuncia que a partir de ahora disminuirán bastante las molestias para los habitantes de la zona. Las plataformas vecinales se convirtieron en el primer problema del club, al mostrar preocupación acerca de cómo les afectará esa reconocida intención de "sacarle rentabilidad al nuevo estadio los 365 días del año"; pero no en el único. La plataforma Ecologistas en Acción, también bastante contraria al proyecto, acaba de presentar una denuncia por supuestos delitos en la tramitación urbanística.

Según ha explicado el propio grupo de Ecologistas en Acción a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, sus servicios jurídicos han presentado "una denuncia ante la Fiscalía por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística de la reforma del estadio Benito Villamarín de Sevilla y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo". En este sentido, la organización considera que "las decisiones adoptadas por los órganos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general".

Ecologistas en Acción ve indicios de delitos de prevaricación y contra el patrimonio público

Ecologistas en Acción asegura que la denuncia está más que argumentada y ha sido elaborada después de más de dos años de trabajo de seguimiento y de estudio de los expedientes, ardua tarea para la que ha contado "con el apoyo de distintas entidades vecinales y de personal técnico especializado en urbanismo" del entorno del estadio. "Durante este tiempo se ha analizado toda la documentación administrativa, desde la presentación del avance del estudio de ordenación en febrero de 2024 hasta la concesión de la licencia de obras en marzo de 2026".

Siempre según la denuncia del colectivo ecologista, "del estudio del expediente se desprenden indicios de que determinadas actuaciones administrativas podrían ser constitutivas de diversos ilícitos penales, entre ellos presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio público, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pudiera realizar la Fiscalía".

Por todo ello, en su comunicado para dar a conocer su último movimiento concluye asegurando que ahora esperan que "la investigación de la Fiscalía permita esclarecer los hechos, depurar las posibles responsabilidades y reforzar la protección del patrimonio público frente a operaciones urbanísticas que puedan resultar lesivas para el interés general de los ciudadanos".