El Real Madrid celebra la sentencia del Supremo y señala a LaLiga por el reparto audiovisual de 2015-16

El Real Madrid mantiene distintos frentes abiertos con diversas instituciones y LaLiga forma parte de ese escenario. Uno de esos conflictos se remonta a 2015, cuando se aprobó una modificación estatutaria que afectaba al reparto de los derechos de televisión de la temporada 2015-16.

El club informó ahora, mediante un comunicado, de que la justicia le ha dado la razón frente a la patronal. Según expuso, la sentencia "confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015", un cambio que "alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes".

La decisión del Supremo declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada ese mismo año "sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-2016 al margen de lo previsto en la ley". El Real Madrid sostiene que, debido a esta nulidad, el reparto válido es el que marcaban los estatutos previos: un 60 % de los ingresos para los clubes de Primera División, un 40 % para los de Segunda División y un reparto igualitario dentro de cada categoría.

La sentencia supone que los clubes que militaban en Segunda División en aquella campaña deben recibir "aproximadamente 88 millones de euros adicionales". De igual modo, el Real Madrid percibirá "unos 8,8 millones de euros" que, según su comunicado, le fueron "ilegítimamente privados". El club apunta que esta resolución "restablece la legalidad" y garantiza que las decisiones sobre el fútbol profesional se adopten "con pleno respeto a la ley y a la transparencia".

El comunicado íntegro del Real Madrid y los clubes afectados

En su nota pública, el Real Madrid expresó de manera directa su satisfacción: "El Real Madrid C. F. muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy que, una vez más, vuelve a dar la razón a nuestro club frente a LaLiga".

La entidad detalló la relación de clubes beneficiados por los 88 millones de euros mencionados: Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza.

En el mismo comunicado, el Real Madrid subraya que la sentencia "desestima por completo el recurso interpuesto por LaLiga" y ratifica lo previamente estimado en la Audiencia Nacional. El texto concluye afirmando: "El Tribunal Supremo confirma con esta sentencia que el Real Madrid y los clubes mencionados fuimos ilegítimamente perjudicados por la actuación de LaLiga".

La respuesta de LaLiga tras conocerse la sentencia

LaLiga también reaccionó mediante una nota oficial. Indicó haber recibido la notificación de la "Sentencia núm. 1565/2025, de 3 de diciembre", destacando que la resolución se enmarca en la derogada Ley del Deporte de 1990 y que los hechos se remontan a 2015.

La patronal explicó que sus estatutos fueron modificados en 2022 para adaptarse a la nueva Ley del Deporte, por lo que, según su argumentación, "las conclusiones alcanzadas en esta resolución no resultan extrapolables" a procedimientos bajo la normativa vigente. Subrayó que la disposición anulada ya estaba derogada y que el reparto correspondiente atendió a lo previsto en un Real Decreto-ley.

LaLiga recalcó que el Tribunal Supremo "reconoce y confirma la existencia de una relación de sujeción especial entre LaLiga y los clubes" y confirmó igualmente la validez del artículo 50 de sus estatutos, relativo a la cuenta operativa y la gestión de saldos.

El comunicado añade una referencia al Consejo Superior de Deportes, afirmando que la sentencia "llama la atención sobre la inacción e incoherencia" del organismo. LaLiga concluyó anunciando que continuará analizando el contenido de la resolución.

Queda por ver si LaLiga decide elevar el caso o si la sentencia queda firme, cerrando un proceso que se ha prolongado desde 2015.