Nueva sentencia sobre la Superliga: la Audiencia ratifica el abuso de dominio de UEFA y FIFA y el Real Madrid exigirá daños

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado que UEFA y FIFA actuaron en 2021 en “abuso de dominio y restricción por objeto al bloquear competidores”. La decisión sigue la línea marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en diciembre de 2023 estableció que ambas organizaciones no pueden impedir por sistema que un tercero organice una competición, sino que deben disponer de un marco normativo para autorizar torneos ajenos al modelo federado tradicional.

Esta sentencia confirma la resolución previa del Juzgado de lo Mercantil nº 17. Dicho órgano había declarado contrarias a los artículos 101 y 102 del Tratado Fundacional de la Unión Europea las normas de autorización previa de UEFA y FIFA, así como su “declaración” pública de 2021 frente a la Superliga. La Audiencia desestima los recursos presentados por UEFA, la RFEF y LaLiga. El fallo admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de veinte días desde su notificación.

La resolución supone un nuevo respaldo jurídico a la iniciativa que promovió Florentino Pérez, aunque no implica la aprobación automática de la competición propuesta. A día de hoy, el proyecto solo cuenta públicamente con el apoyo del Real Madrid.

La interpretación desde LaLiga

Tras conocerse el fallo, LaLiga ha destacado que la resolución “no avala ningún formato concreto ni el proyecto inicial de la misma”. También subraya que la decisión judicial “se limita a exigir que los procedimientos de autorización sean transparentes y objetivos; no obliga a aprobar competiciones privadas ni se pronuncia sobre los modelos hoy en circulación”.

En su valoración, la patronal afirma que el contenido del fallo se centra “exclusivamente” en cuestiones procedimentales, precisando que “los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables”. LaLiga recuerda igualmente que la sentencia no entra en el análisis de la viabilidad de competiciones alternativas.

En palabras de su presidente, Javier Tebas: “La sentencia no supone en ningún caso un aval a la Superliga ni a ningún otro formato. Simplemente recuerda que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad”.

Posición del Real Madrid

El Real Madrid ha difundido un comunicado en el que “celebra” la decisión de la Audiencia. En el texto, el club asegura que el fallo “desestimó los recursos de apelación interpuestos por UEFA, la RFEF y LALIGA”, y sostiene que la resolución confirma que UEFA, en el asunto de la Superliga, “infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea en línea con la sentencia del TJUE con abuso de su posición de dominio”.

En ese mismo comunicado, la entidad anuncia que solicitará “los cuantiosos daños y perjuicios sufridos” por todo el proceso. El club ha mantenido conversaciones con UEFA durante 2025 para explorar posibles vías, aunque sin acuerdos, citando como asuntos tratados una “gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA”.

El Real Madrid indica que continuará trabajando en esta línea y confirma que reclamará dichas indemnizaciones.

Antes del fallo de la Audiencia Provincial, el TJUE había reiterado que las normas de FIFA y UEFA sobre autorización previa de competiciones, como la Superliga, vulneraban el Derecho de la Unión. El comunicado del TJUE señaló que dichas normas constituían “abuso de posición dominante”, además de apuntar a falta de transparencia, proporcionalidad y discriminación.

También se recogió previamente que UEFA y FIFA estarían “impidiendo la libre competencia en el mercado imponiendo restricciones injustificadas y desproporcionadas”, según lo expuesto en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, ahora confirmada.

En este escenario jurídico, la nueva sentencia continúa el camino iniciado con la resolución europea. Tal como se detalla en los documentos del caso, la decisión deja abierta la posibilidad de que se avance hacia reclamaciones por daños económicos. Además, se mantiene la opción de un recurso ante el Tribunal Supremo en los plazos establecidos.